La crisis energética sigue latente, el estado no hace más que correr detrás del problema, sin previsión a largo plazo y con las herramientas necesarias para solucionarla en manos privadas, cada vez serán más son los sectores que sentirán la escasez. Hoy la padecen las industrias a causa de los cortes y las multas y los sectores más marginados que no tienen acceso a los servicios de gas y electricidad. Mientras la tarifas domiciliarias siguen subsidiadas para ocultar el problema y asegurar las ganancias a las grandes empresas.
El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora MORENO (nada que ver con el nefasto secretario de comercio) es un movimiento sin fines de lucro, independiente de autoridades, partidos políticos y empresas, que brega por el derecho del pueblo a la energía y la recuperación de todos nuestros recursos naturales. A continuación un breve resumen de uno de sus boletines.
Desde 1990, sintéticamente, se regalaron los activos, la implementación básica se fundó en el "reparto" de negocios a los empresarios amigos, se otorgó libertad de precios o regímenes tarifarios que otorgaban altísimas utilidades, se las eximió de invertir y prácticamente, los controles no existieron. Los argentinos, viviendo un país autoabastecido, debimos pagar los precios internacionales de los combustibles, al igual que aquellos que son netamente importadores, y aceptar tarifas determinadas en base a modelos teóricos alejados de nuestros ingresos o nivel socioeconómico, que se regulaban en función de índices de EEUU, por esa época muy superiores a los similares internos; porcentuales de utilidades del 50 % sobre ventas netas, como los mostrados por las transportadores de gas natural, son desconocidos en el mundo. Ello dentro de un contexto donde no existieron limitaciones a los movimientos financieros, derivados de la toma de préstamos externos y su consecuente inversión financiera local y posterior remesa al exterior, actividad ajena a la que les era permitida contractualmente, la cual está ceñida a la prestación del servicio que les ha sido concesionado.
Hoy estamos padeciendo una grave crisis de desinversión, pues “El Mercado” decidió no correr riesgo y maximizar sus utilidades. Consecuentemente, día a día aparecen las consecuencias: no hay gasoil porque no alcanzan ni la declinante producción de petróleo, ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; no hay generación y se recurre a los cortes no manifiestos, no alcanza el gas para satisfacer los requerimientos del mercado interno, del cual están excluidos.-al igual que en 1989- el 40 % de los compatriotas y, consecuentemente, la pérdida del autoabastecimiento integral logrado en 1985, va dando lugar a importaciones a valores generalmente más altos que los internos, finalmente trasladados a éstos, ya sea en forma directa o indirecta. Argentina, alejándose del autoabastecimiento, está perdiendo el manejo de una herramienta fundamental a su progreso económico; todo lo contrario a lo que sucede en Brasil, que aplica el sistema estatal centralizado que nosotros abandonáramos en 1990.
Las privatizaciones y la desregulación implicaron la adopción de un modelo –conjunto de normas e instituciones actuantes- de mercado donde no existieron empresas perdedoras (el pueblo fue el único perdedor), pero hubo ganadores de distinto nivel. En los dos procesos, el “padre” fue el Banco Mundial. En el caso de los sectores; el eléctrico y gasífero, la destrucción de la integración vertical y la consiguiente separación entre producción –actividad que no fue considerada servicio público, sino de interés público, que en la jerga privatista se denomina no regulada-, transporte y distribución, que sí fueron consideradas servicios públicos o reguladas, generó costos innecesarios originados, especialmente, en la descoordinación operativa –es emblemático el caso de la ruptura de la red de gasoductos troncales- y en la creación de gastos fijos repetitivos y por ende, sobrantes, como es el caso de las retribuciones de los presidentes, directores y planteles gerenciales.
Recién asumida la presidencia por Néstor Kirchner, el MORENO concurrió a la Secretaría de Energía y solicitó la reestructuración integral del sector energético, una investigación especial sobre los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos, los generadores eléctricos y la privatización del YPF, la aplicación estricta de la Ley sobre las irregularidades cometidas, una inmediata auditoría de reservas y la supresión de las exportaciones. Nada de lo peticionado fue concedido y, explícitamente -en una particular interpretación alejada del texto legal-, se nos hizo saber que estaban excluidas de cualquier revisión las actividades no reguladas; es decir, las concesionarias petrogasíferas y las generadoras eléctricas que, lógicamente, siguieron utilizando el precio internacional y el valor resultante del MEM.
Desde esos momentos, las únicas tarifas que se mantuvieron congeladas son las domésticas; tanto en el gas como en la electricidad, y ellas rerpresentan un 25 al 30 % del total consumido anualmente. Las restante sufrieron distintos aumentos, no menores por cierto. En el caso eléctrico, la insuficiencia de gas natural, fueloil y gasoil hizo necesario recurrir a las importaciones, donde las diferencias con los valores locales fue cubierta por el Estado vía Cammesa o Enarsa. Es decir, las ganancias de las generadoras –un negocio privado especialmente protegido por el Gobierno, que lo eximió de la pesificación, el congelamiento y la revisión dispuesta por la Ley de Emergencia Pública– fueron cubiertas mediante subsidios que pagamos todos. Ahora bien, salvo las dos plantas térmicas aun no finalizadas –la San Martín y la Belgrano –las inversiones de estos privilegiados han sido nulas y, en virtud de esta circunstancia, el PEN puso en vigencia el Plan Energía Plus, mediante el cual los grandes consumidores deben arreglarse por su cuenta, bajo la promesa de poder vender libremente sus excedentes en el mercado local. En otras palabras, la ´protección´ de los generadores, genera la producción por el método más antieconómico que se conoce: la autogeneración. La previsible crisis económica, al afectar a los ingresos fiscales, obligó al Tesoro a reemplazar al aporte estatal por los aumentos tarifarios cargados a los usuarios domésticos.
Debemos tener presente que a la menor reactivación de la actividad económica o ante situaciones climáticas de temperaturas extremas, el agravamiento será inevitable, pues no existen previsiones que lo eviten:el Estado no está en condiciones de invertir mientras siga protegiendo al sector hiperrentable de la generación, no lo reestructure en forma integral y no recupere la renta petrolera.
Hemos señalado en nuestros documentos la necesidad imperiosa de retornar al modelo estatal, racional, centralizado, basado en las grandes empresas nacionales y con la imprescindible captura de las riquezas generadas. Desde 1907 hasta 1989 la energía fue una cuestión de Estado y la política de Estado consistió en considerar a los hidrocarburos como bienes estratégicos vinculados a la soberanía nacional y a los servicios públicos esenciales, dentro de un contexto que permitiera a todos los habitantes el acceso y la permanencia a los mismos, como también el desarrollo de nuestra industria.
Extraído del boletín Nº 289 del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO)
Tarifa y modelos, por Gustavo Callejas
El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora MORENO (nada que ver con el nefasto secretario de comercio) es un movimiento sin fines de lucro, independiente de autoridades, partidos políticos y empresas, que brega por el derecho del pueblo a la energía y la recuperación de todos nuestros recursos naturales. A continuación un breve resumen de uno de sus boletines.
Desde 1990, sintéticamente, se regalaron los activos, la implementación básica se fundó en el "reparto" de negocios a los empresarios amigos, se otorgó libertad de precios o regímenes tarifarios que otorgaban altísimas utilidades, se las eximió de invertir y prácticamente, los controles no existieron. Los argentinos, viviendo un país autoabastecido, debimos pagar los precios internacionales de los combustibles, al igual que aquellos que son netamente importadores, y aceptar tarifas determinadas en base a modelos teóricos alejados de nuestros ingresos o nivel socioeconómico, que se regulaban en función de índices de EEUU, por esa época muy superiores a los similares internos; porcentuales de utilidades del 50 % sobre ventas netas, como los mostrados por las transportadores de gas natural, son desconocidos en el mundo. Ello dentro de un contexto donde no existieron limitaciones a los movimientos financieros, derivados de la toma de préstamos externos y su consecuente inversión financiera local y posterior remesa al exterior, actividad ajena a la que les era permitida contractualmente, la cual está ceñida a la prestación del servicio que les ha sido concesionado.
Hoy estamos padeciendo una grave crisis de desinversión, pues “El Mercado” decidió no correr riesgo y maximizar sus utilidades. Consecuentemente, día a día aparecen las consecuencias: no hay gasoil porque no alcanzan ni la declinante producción de petróleo, ni la producción de las refinerías locales, que son las misma de 1988; no hay generación y se recurre a los cortes no manifiestos, no alcanza el gas para satisfacer los requerimientos del mercado interno, del cual están excluidos.-al igual que en 1989- el 40 % de los compatriotas y, consecuentemente, la pérdida del autoabastecimiento integral logrado en 1985, va dando lugar a importaciones a valores generalmente más altos que los internos, finalmente trasladados a éstos, ya sea en forma directa o indirecta. Argentina, alejándose del autoabastecimiento, está perdiendo el manejo de una herramienta fundamental a su progreso económico; todo lo contrario a lo que sucede en Brasil, que aplica el sistema estatal centralizado que nosotros abandonáramos en 1990.
Las privatizaciones y la desregulación implicaron la adopción de un modelo –conjunto de normas e instituciones actuantes- de mercado donde no existieron empresas perdedoras (el pueblo fue el único perdedor), pero hubo ganadores de distinto nivel. En los dos procesos, el “padre” fue el Banco Mundial. En el caso de los sectores; el eléctrico y gasífero, la destrucción de la integración vertical y la consiguiente separación entre producción –actividad que no fue considerada servicio público, sino de interés público, que en la jerga privatista se denomina no regulada-, transporte y distribución, que sí fueron consideradas servicios públicos o reguladas, generó costos innecesarios originados, especialmente, en la descoordinación operativa –es emblemático el caso de la ruptura de la red de gasoductos troncales- y en la creación de gastos fijos repetitivos y por ende, sobrantes, como es el caso de las retribuciones de los presidentes, directores y planteles gerenciales.
Recién asumida la presidencia por Néstor Kirchner, el MORENO concurrió a la Secretaría de Energía y solicitó la reestructuración integral del sector energético, una investigación especial sobre los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos, los generadores eléctricos y la privatización del YPF, la aplicación estricta de la Ley sobre las irregularidades cometidas, una inmediata auditoría de reservas y la supresión de las exportaciones. Nada de lo peticionado fue concedido y, explícitamente -en una particular interpretación alejada del texto legal-, se nos hizo saber que estaban excluidas de cualquier revisión las actividades no reguladas; es decir, las concesionarias petrogasíferas y las generadoras eléctricas que, lógicamente, siguieron utilizando el precio internacional y el valor resultante del MEM.
Desde esos momentos, las únicas tarifas que se mantuvieron congeladas son las domésticas; tanto en el gas como en la electricidad, y ellas rerpresentan un 25 al 30 % del total consumido anualmente. Las restante sufrieron distintos aumentos, no menores por cierto. En el caso eléctrico, la insuficiencia de gas natural, fueloil y gasoil hizo necesario recurrir a las importaciones, donde las diferencias con los valores locales fue cubierta por el Estado vía Cammesa o Enarsa. Es decir, las ganancias de las generadoras –un negocio privado especialmente protegido por el Gobierno, que lo eximió de la pesificación, el congelamiento y la revisión dispuesta por la Ley de Emergencia Pública– fueron cubiertas mediante subsidios que pagamos todos. Ahora bien, salvo las dos plantas térmicas aun no finalizadas –la San Martín y la Belgrano –las inversiones de estos privilegiados han sido nulas y, en virtud de esta circunstancia, el PEN puso en vigencia el Plan Energía Plus, mediante el cual los grandes consumidores deben arreglarse por su cuenta, bajo la promesa de poder vender libremente sus excedentes en el mercado local. En otras palabras, la ´protección´ de los generadores, genera la producción por el método más antieconómico que se conoce: la autogeneración. La previsible crisis económica, al afectar a los ingresos fiscales, obligó al Tesoro a reemplazar al aporte estatal por los aumentos tarifarios cargados a los usuarios domésticos.
Debemos tener presente que a la menor reactivación de la actividad económica o ante situaciones climáticas de temperaturas extremas, el agravamiento será inevitable, pues no existen previsiones que lo eviten:el Estado no está en condiciones de invertir mientras siga protegiendo al sector hiperrentable de la generación, no lo reestructure en forma integral y no recupere la renta petrolera.
Hemos señalado en nuestros documentos la necesidad imperiosa de retornar al modelo estatal, racional, centralizado, basado en las grandes empresas nacionales y con la imprescindible captura de las riquezas generadas. Desde 1907 hasta 1989 la energía fue una cuestión de Estado y la política de Estado consistió en considerar a los hidrocarburos como bienes estratégicos vinculados a la soberanía nacional y a los servicios públicos esenciales, dentro de un contexto que permitiera a todos los habitantes el acceso y la permanencia a los mismos, como también el desarrollo de nuestra industria.
Extraído del boletín Nº 289 del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO)
Tarifa y modelos, por Gustavo Callejas
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