El papel pionero que ha tenido el desarrollo público en sectores estratégicos de nuestro país ha sido llevado a cabo con la finalidad de promover la industrialización y creación del conocimiento aplicado, entendiendo este rol como “complementario” e indispensable por su destacado efecto multiplicador en la formación de capital de origen privado. El accionar de las empresas públicas ha sido fundamental para lograr la sustitución de importaciones por la de producción nacional, al mismo tiempo que se crea valor y empleo para un país más justo avanzado y equitativo. Propiciando los sectores básicos de nuestra industria, al enfocarse principalmente en la producción de bienes intermedios y bienes de capital.
La contrastación empírica demuestra que a partir de 1945 la industria es el principal sector creador de riquezas de nuestro país con un 24% en términos del PBi.
Las empresas públicas con el correr de los años han llegado a tener un espacio cada vez más activo en nuestra economía. Es así, que teniendo en cuenta el Censo Industrial de 1947 y 1954 estas empresas originaban el 3,6% y 9,5% de la producción y el 4,3% y 12% del empleo industrial, respectivamente .El desarrollo nacional de las empresas estatales llego a representar 36% de las ventas de las 200 mayores empresas en facturación en 1975 y a poseer un complejo industrial de 24 entidades, nucleadas bajo el lema del estímulo industrial amplio, equitativo y complementario público-privado, ya que éstas entidades fueron responsables del 42% de los bienes intermedios (refinerías, hierro y acero) y del 16% de los bienes de capital (equipo ferroviario y naval) creados en 1984.
En 1989 con la votación de la Ley de 23.696 de Reforma del Estado se implemento el cambio estructural más relevante de la historia económica moderna de nuestro país, al otorgarle la potestad al Poder Ejecutivo de establecer la restructuración de las empresas públicas, implicando esto su privatización, parcial o total. Este hecho representa el punto cúlmine del proceso iniciado en 1976 con el comienzo del modelo de acumulación de Valorización Financiera, que tuvo como epicentro el endeudamiento externo público en todas sus formas y vías, el más acabado de ellos implicó la tergiversación del papel de las empresas públicas, usando a éstas como un simple medio para la obtención de fondos en el exterior, fondos que serian usados con fines espurios por el gobierno de facto, y sin contrapartida con el desarrollo de sus capacidades productivas.
El caso más emblemático es el de la empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) por la cual se obligó a un endeudamiento forzoso para proveer de divisas al mercado de cambios y ser funcional a la fuga de capitales, desmesurada en ese periodo, extrapolando la deuda de la entidad solo entre 1976-1983 de 372 millones de dólares hasta 6.000 millones. La misma fue absorbida por el Estado nacional en 1993, en el contexto de reestructuración, pero en una magnitud mayor del orden de los 8.790 millones de dólares.
Las empresas públicas, no solamente fueron blanco de endeudamiento forzoso, sino también del proceso llamado de “privatización periférica” por el cual se correspondió con la tercerización y traspaso de actividades naturales de las mismas a proveedores que implicaban ingentes sobrefacturaciones o también mediante la “venta a perdida” de los bienes producidos, representando todo ello una forma encubierta de privatización o vaciamiento empresarial; llevando a que las empresas públicas, en el proceso, perdieran un 20 % de su facturación en la cúpula de las 200 empresas de mayor facturación para 1983.
El Plan Brady, anunciado por el Secretario del Tesoro de EE.UU en 1989, tenía como objetivo la reestructuración de la Deuda externa de los países latinoamericanos, en Argentina fue acogido en diciembre de 1991.El mismo exigía la aplicación del Plan Baker (1985) que consistía plenamente en la liquidación de todo capital fijo productivo estatal, esto es la privatización de las empresas públicas. Los lineamientos principales para llevar a cabo tales operaciones fueron propuestos, diseñados y auditados por el FMI y el Banco Mundial, con la finalidad de hacerlas más atractivas a los capitales internacionales. En un primer punto el Estado Nacional se hizo cargo de todas las Deudas del orden de 20.100 millones de dólares y se permitió que se cancelara el monto de la venta con Bonos de la Deuda pública a su valor nominal, y no de mercado, transfiriendo en el mismo acto unos 7.700 millones de dólares al sector privado y financiero, al mismo tiempo que el monto de las operaciones por privatización o concesión fue groseramente subvalorado por consultoras extranjeras .
La magnitud de la transferencia de riqueza y patrimonio público a los inversores privados, nacionales y extranjeros, significó desbordantes beneficios extraordinarios. A modo de ejemplo, los consorcios que se hicieron cargo de la Ex-Entel, esto es Telefónica de Argentina (Cointel) y Telecom de Argentina (Nortel) recuperaron la inversión inicial de 1990 en solo 4 años, mientras que las 8 distribuidoras de gas en que se dividió Gas del Estado recuperaron su inversión en 7 años, siendo la concesión otorgada de 35 años mas 10 prorrogables.
En un segundo tramo se propicio medidas de políticas proclives para exacerbar la enajenación mediante la declaración de “Neutralidad tributaria”, por la cual toda variación impositiva debía ser transferida a las tarifas de servicios públicos (lo cual nunca se cumplió con los decrementos), la renegociación de los contratos originales dirigidos sistemáticamente a convalidar los incumplimientos de las inversiones pactadas, indexación en dólares de las tarifas según la inflación de EE.UU, apropiándose de este modo de unos 10.000 millones de dólares en el periodo 1991-2001, solo en los sectores de Telecomunicaciones, electricidad y gas. El cambio estructural y la apertura comercial indiscriminada implicó un profundo impacto en el mercado laboral, llevando a que aumente el desempleo a niveles históricos nunca vistos en Argentina, del 16,6% en 1995, un 176% mayor que cuatro años antes. Según los Censos Industriales en 1993 existían 1 millón de empleados en el sector industrial, 300 mil fuentes de trabajo menos que en 1973 y 100 mil menos que en 1946.
La reestructuración y modernización del estado tuvo como principal arma disciplinadora los despidos, las cesantías, los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas, que llevaron en su conjunto a una feroz racionalización del empleo, solo entre 1990 y 1993 se eliminaron 110 mil puestos de trabajo, representado un incremento del 2,3% del desempleo en ese momento.
Todo ello producto del proceso de desindustrialización y redistribución negativa del ingreso que comenzó en 1976. Siendo expreso el meollo del proceso: la desintegración de las Empresas Públicas.
Fuerza Pino carajo!!
de: S. re Crespo // Fuente: basualdooo
Buen post SanTA
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